martes, 30 de abril de 2013

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Cuando alcanzamos la cifra de tres millones de parados, al entonces ministro socialista de trabajo, Celestino Corbacho, se le ocurrió decir que no alcanzaríamos los cuatro millones. 


Una vez rebasada ésta, fue Elena Salgado, entonces vicepresidenta del gobierno el que se tiró a la piscina sin agua: “no llegaremos a los cinco millones de parados”. 


El cambio de gobierno no parece haber afectado a las costumbres de los ministros. Desde la cúpula del PP se nos decía que por el mero hecho de ganar las elecciones la economía se recuperaría. Que el PP era el partido que había logrado el “milagro español” de los 90 y que repetirían la fórmula para sacarnos de la crisis. Fátima Báñez, ministra de trabajo, decía que no quería ser la ministra de los seis millones de parados… Pues se quedó corta la señora y como suele suceder en España, aquí no dimite ni Dios.



El tiempo ha ido avanzando y quitando la razón a todos aquellos que pensaban que no se llegarían a los seis millones de parados (y eso sin contar el descenso de la población activa por la salida de nacionales y emigrantes del país, unas 200.000 personas en el último año) ¿Dónde está el tope? ¿Llegaremos a siete millones de parados o sobrepasaremos el 30% de desempleo?¿Hay luz al final del túnel?


El gobierno liderado por Mariano Rajoy tiene muy claro que su prioridad no es el paro, su prioridad es la lucha contra el déficit (esto ya lo comenté hace meses) y mientras esto siga así, la destrucción de empleo será imparable.



Cualquier alumno de económicas, me atrevería a decir que de primer curso, sabe que para aumentar la contratación, nada más fácil que reducir los costes sociales. Hay que facilitar a las empresas la contratación y sin embargo el coste por empleado en España es descomunal. Pero el gobierno necesita ingresos, ya que lo que no está dispuesto a hacer es abordar las reformas estructurales que el país necesita. Está claro que la reducción de costes sociales no es la única medida a tomar. 



¿Qué otras medidas se pueden tomar para aumentar el empleo? Las sucesivas  reformas laborales de PSOE, primero, y PP, después, no han resuelto el problema de los contratos. Un solo tipo de contrato con una indemnización por despido creciente (al estilo austriaco) facilitaría mucho las cosas, tanto a empleados como a empleadores y una mayor seguridad en el empleo impulsaría el consumo.



Y para aumentar el consumo, ¿no será mejor bajar los impuestos que subirlos?

Otra reforma imprescindible es la que se refiere a la formación. Sindicatos y patronal se reparten el suculento pastel de las ayudas y subvenciones por formación. Pero a pesar de los miles de millones de euros invertidos, los resultados son nefastos. Algunos estudios hablan de solamente un 3% de desempleados que encuentran trabajo tras realizar un curso a través del INEM.



La llegada del crédito a las empresas y particulares es imprescindible. ¿Por qué no se crea un banco público? Una entidad pública podría dar crédito de manera directa a empresas y no a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial) como se hace ahora. La diferencia es que en la actualidad las instituciones bancarias hacen de meros intermediarios entre el Estado y los empresarios, cobrando eso si una suculenta comisión. En el caso de los particulares, un banco público facilitaría créditos hipotecarios para aquellas personas a las que se ha otorgado una vivienda de protección oficial y que, tal y como sucede ahora, después de años esperándola tienen que renunciar a ella por no tener acceso a crédito.




Para hacer más atractivo nuestro país para industrias extranjeras, la reducción de los costes energéticos es imprescindible. Otra reforma aplazada. ¿Sabe este gobierno qué tipo de energía necesita el país? Si el anterior ejecutivo apostó durante un tiempo por las renovables, el presente gobierno no parece que quiera seguir ese camino (demasiado caro por otro lado), pero tampoco está dispuesto a apostar por la impopular energía nuclear.

Podría seguir hablando de reformas, como la supresión de duplicidades, la fusión de municipios, el cierre de televisiones autonómicas, la razionalización del gasto en al administración, el cierre de las “embajadas autonómicas”, el cierre de cientos de empresas públicas y fundaciones que son un centro de empleo para enchufados...



El único plan que parece tener nuestro gobierno para reducir las cifras de paro es la salida del mercado laboral de millones de personas. Con dos o tres millones de emigrantes regresando a sus países y otro millón de jóvenes saliendo a trabajar al extranjero. Con estas cifras, pensará Rajoy, “asunto resuelto”.



Personalmente he caído en la cuenta que cuando empezó el siglo sólo dos personas de mi entorno estaban trabajando en el extranjero. Ahora tengo un total de 17 amigos y familiares que se ven obligados a trabajar fuera de España en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Austria, Italia, Japón, Emiratos Árabes o lo que resulta más paradójico China, Brasil o Colombia. 



¿Se dará cuenta nuestro gobierno del sacrificio que supone para estas personas y sus familias tener que buscarse la vida fuera? Me temo que no, es más, me temo que le da igual.